La entrada en vigor de la Ley Omnibus ha permitido al Procurador actuar en cualquier partido judicial, perdiendo el valor esencial de la Procura:  la proximidad e inmediatez.

Ya a comienzos de la presente década, el Comité Europeo de Postulantes que me honro en presidir, consiguió sacar a la luz uno de los primeros Códigos Deontológicos Europeos.

        Ello era fruto de una fuerte corriente de responsabilidad y profesionalidad que invadía a los postulantes de los distintos países europeos, demostrando, al propio tiempo, su alianza con la sociedad actual y su modernidad.

        Ese Código Deontológico Europeo obligaba, de algún modo, a todas las profesiones jurídicas que formamos parte del Comité Europeo de Postulantes. En nuestro caso, a la Procura española.

        El Estado español, en el transcurso de los últimos años, tampoco fue ajeno a esta corriente, que viene recogida en distintas disposiciones legales a través del tiempo.

        Se inicia con la Carta de Derechos del Ciudadano ante la Justicia, continuando con la reforma de la nueva Oficina Judicial, la Ley de Sociedades Profesionales, las leyes Paraguas y Ómnibus y, finalmente, con la Ley y el Reglamento sobre el Acceso a las profesiones de Abogado y Procurador de los Tribunales.

        En todas ellas, de algún modo u otro, se hace referencia a temas deontológicos, con el único objeto de ofrecer un servicio mejor a los ciudadanos y, al propio tiempo, hacerles a éstos partícipes de la vida de las Instituciones de la Procura, permitiéndoles interaccionar, a través de sus consultas, opiniones e, incluso, denuncias.

        El Consejo General de Procuradores también tenía que hacerse eco de las voces de sus 67 Colegios y sus Consejos Autonómicos, quiénes venían reclamando la elaboración de un Código Deontológico para los Procuradores.

        Finalmente, y después de múltiples trabajos, liderados fundamentalmente por la Comisión de Formación de este Consejo General, así como por muchas otras personas que han dedicado su tiempo y su esfuerzo para el buen fin de este Código, hemos conseguido que el mismo vea la luz y, a mí personalmente, la oportunidad de presentarlo.

        Desde el agradecimiento personal e institucional a todos aquellos que, de una u otra manera, han intervenido en la elaboración de este documento, no puedo dejar pasar la oportunidad de desearle el éxito que se merece, cumpliendo los objetivos para los que ha sido diseñado y que, fundamentalmente, se reducen a dos: una mayor profesionalidad de los procuradores y mejor servicio a la ciudadanía para quien, en definitiva, todos trabajamos.